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La Sagrada Família debe pagar expropiaciones si quiere crecer
LLUÍS SIERRA
La hipotética apertura de una plaza ante la fachada de la Sagrada Família
a la calle Mallorca debería ser costeada en buena parte por la junta constructora
del templo, según el Ayuntamiento de Barcelona. Expropiar las fincas de la calle
Mallorca ante el templo expiatorio proyectado por Gaudí “no es una prioridad
para la ciudad”, según la concejal del Eixample, Assumpta Escarp. La futura
expropiación de estas fincas suele plantearse anualmente, cuando la Sagrada Família
da cuenta del avance en las obras, cuyo final ya se plantea a menos de 20 años
vista, hacia el 2022.
Para completar el proyecto original de Gaudí, ante el templo se debería
abrir una plaza para dejar espacio a una gran escalinata y un paso elevado sobre la calle
Mallorca, ante la fachada de la Glòria. Ello implicaría el derribo de varias
fincas, empezando por la del número 410 de la citada calle, construida en 1976
por Núñez y Navarro, con licencia municipal obtenida cuando aún no
regía el Plan General Metropolitano. La finca, como otras colindantes, estaba calificada
antes del PGM como “ensanche intensivo” edificable. Con el PGM está
calificada como “transformación de uso a parques y jardines”. Es decir,
que si cambiase de uso, sólo podría ser zona verde, pero no es obligatorio
el cambio de uso y el Ayuntamiento no se lo ha planteado. En parecida situación
se encuentran 22 edificios vecinos de la Sagrada Família.
Escarp aclaró ayer que “si un tercero (la junta de la Sagrada Família)
tiene algún interés, ha de plantearlo oficialmente y decidir qué
está dispuesto a hacer y qué costes asumir”. Los responsables de la
construcción del templo, más allá de conversaciones informales, nunca
han propuesto al Ayuntamiento la necesidad de expropiar las fincas.
Ello no evita el malestar de los vecinos. En las escrituras de sus pisos figura la afectación
de la finca y la expectativa incierta de un futuro derribo acarrea la desvalorización
de las viviendas. Es difícil encontrar un comprador. María Cruz Labrador,
vecina del 410, explica por ejemplo que acaba de perder un comprador porque una entidad
de ahorro le negó el crédito hipotecario por ser una finca afectada.
El presidente de la comunidad de propietarios, Antoni Bellart, se muestra “tranquilo”
en cuanto a las posibilidades de una expropiación, pero coincide con el Ayuntamiento
en que “si ocurre, quien nos debería indemnizar sería la junta de
la Sagrada Família”.
La Vanguardia
Sábado 5 de Junio 2004 |
